Aporte propio ¿Cuáles son los principales desafíos y problemas que enfrenta la política criminal en Costa Rica?

Desde mi posición como estudiante avanzado de criminología, es claro que la política criminal en Costa Rica enfrenta importantes desafíos que exigen un replanteamiento profundo de sus bases y objetivos. Uno de los problemas más evidentes y cruciales es la insuficiente consideración del daño social como un componente clave dentro de la formulación e implementación de estrategias de control y prevención del delito. El texto de Irina Sibaja López, titulado "La política criminal y el daño social en Costa Rica", ilustra de manera muy acertada cómo esta falencia ha influido negativamente en la capacidad del sistema para mitigar los impactos más devastadores del crimen en la colectividad costarricense.

Cuando hablamos de daño social en el contexto criminológico, nos referimos a todas las formas en que las acciones delictivas y las dinámicas de inseguridad afectan a las comunidades en su conjunto, no solo a las víctimas individuales de un delito específico. Este daño se manifiesta en diversas formas: desde la disrupción del tejido social hasta la exacerbación de desigualdades, pasando por el debilitamiento de la confianza en las instituciones públicas y el aumento de la percepción de inseguridad. La política criminal, en su estado actual, parece limitada a un enfoque punitivo que privilegia el castigo y el control de las conductas criminales, pero ignora las raíces sociales, económicas y culturales del delito, así como los efectos prolongados que este tiene sobre la sociedad.

Desde mi formación en criminología, considero que el enfoque predominante en Costa Rica tiende a privilegiar la noción de que la solución al crimen pasa principalmente por el sistema penal, es decir, por la sanción a los infractores. Este paradigma ha sido cuestionado en múltiples ocasiones, pues se ha demostrado que, aunque las penas privativas de libertad pueden tener un efecto disuasivo en ciertos contextos, no lograrán abordar las causas estructurales de la delincuencia ni las consecuencias más amplias que esta tiene en términos de daño social.

Sibaja López, en su análisis, señala con certeza que la política criminal costarricense no ha incorporado adecuadamente el concepto de daño social en su diseño e implementación. Esto es especialmente problemático si consideramos que las dinámicas delictivas contemporáneas, como el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia juvenil, no solo afectan a las personas directamente involucradas, sino que también erosionan la cohesión social y generan un entorno de desconfianza y miedo en la ciudadanía. En mi opinión, y desde el punto de vista criminológico, es imprescindible que las políticas públicas de seguridad adopten un enfoque más integral, que no solo se concentre en reprimir las conductas ilícitas, sino que también atienda las consecuencias que estas generan en las comunidades y en el bienestar social.

Uno de los principales problemas que detecta en el sistema actual es la capacidad limitada de respuesta frente a los factores estructurales que impulsan la criminalidad. Estos factores incluyen, entre otros, la pobreza, la exclusión social, la falta de acceso a oportunidades de educación y empleo, y la debilidad de las instituciones encargadas de la prevención del delito. El sistema punitivo, tal como lo señala Sibaja, tiende a enfocarse en el "síntoma" del problema (el acto delictivo) sin abordar la "enfermedad" que lo origina (las condiciones socioeconómicas subyacentes). Esto resulta en una estrategia que puede reducir temporalmente ciertos tipos de delitos, pero que a largo plazo es incapaz de prevenir la reincidencia o de ofrecer soluciones sostenibles a los problemas sociales más amplios que alimentan la criminalidad.

Desde mi experiencia académica, he llegado a la conclusión de que un enfoque criminológico más efectivo para la política criminal en Costa Rica debe centrarse en la prevención, la intervención temprana y la reparación de los daños sociales. Esto significa no solo castigar a los delincuentes, sino trabajar también activamente en la reducción de las desigualdades estructurales que alimentan la criminalidad. A menudo se pasa por alto el hecho de que las personas involucradas en actividades delictivas provienen de contextos de vulnerabilidad social extrema, donde el acceso a recursos básicos es limitado. Por tanto, políticas que se enfocan en la rehabilitación y en la inclusión social, antes que en la pura retribución, podrían tener un impacto mucho más positivo y duradero en la reducción de los índices de criminalidad.

Otro desafío importante que enfrenta la política criminal en Costa Rica, y que Sibaja menciona, es la falta de coordinación interinstitucional y de una visión compartida sobre cómo abordar el daño social. La criminalidad y sus efectos no son responsabilidad exclusiva del sistema judicial o del Ministerio de Seguridad; Deben ser enfrentados desde una perspectiva multidimensional que involucra a los ministerios de salud, educación, vivienda y desarrollo social. El daño social, tal como lo define Sibaja, tiene repercusiones en todos estos ámbitos, y las políticas públicas deben estar alineadas para ofrecer soluciones integrales.

En términos de soluciones concretas, me parece fundamental que la política criminal costarricense adopte estrategias basadas en la reparación del daño social, no solo desde una perspectiva legal, sino también comunitaria. Esto podría incluir la implementación de programas de justicia restaurativa, que ofrecerán a las víctimas y a las comunidades afectadas por la criminalidad una vía para sanar y reconstruir el tejido social. Asimismo, la inversión en programas de prevención del delito, como la mejora en la educación, el acceso a oportunidades laborales y la promoción de espacios seguros en las comunidades más vulnerables, debería ser una prioridad en la agenda de las autoridades. Estas medidas, en lugar de enfocarse únicamente en la represión, podrían contribuir de manera mucho más eficaz a la creación de una sociedad más justa y equitativa.

Por último, creo que es fundamental reconocer que la criminalidad no es un fenómeno aislado, sino que está íntimamente ligado a las dinámicas sociales, políticas y económicas del país. En este sentido, la política criminal debe estar en constante diálogo con otras políticas públicas y debe ser flexible para adaptarse a los cambios que estas generan. Un sistema que ignora el daño social y que continúa apostando únicamente por la represión está condenado a perpetuar un ciclo de violencia y exclusión. Desde mi rol como futura criminóloga, estoy convencido de que es nuestra responsabilidad no solo analizar críticamente los errores del sistema actual, sino también proponer soluciones basadas en el bienestar social y la justicia, tal como sugiere Sibaja en su obra.

En resumen, los desafíos de la política criminal en Costa Rica son múltiples, pero todos giran en torno a la necesidad de adoptar una perspectiva más amplia e inclusiva que considere el daño social como un eje central. Como estudiantes y futuros profesionales de las ciencias criminológicas, tenemos la oportunidad de contribuir a este cambio, trabajando por políticas que no solo castiguen el delito, sino que también fomentan la reparación, la prevención y el bienestar social de todas las personas, sin importar su condición o contexto.

Referencias Bibliográficas:

Sibaja, I. (2018). LA POLÍTICA CRIMINAL Y EL DAÑO SOCIAL EN COSTA RICA. Recuperado de 35070-Texto del artículo-111134-1-10-20181031 (1).pdf